Imagínese la escena: Usted es juez en un juzgado de primera instancia de una ciudad cualquiera de España; una profesión a la que decidió dedicarse con la firme vocación de ser parte de un sistema que, por definición, imparte justicia de forma objetiva e independiente a todos los ciudadanos que lo solicitan. Pero esta mañana, como ayer y cada uno de los días anteriores, la lista de casos pendientes está compuesta de numerosas demandas judiciales contra entidades de micro prestamos, aludiendo a una supuesta nulidad en virtud de la Ley Azcárate del año 1908 y a un tipo de interés medio extraído de una categoría de productos completamente diferente a la del objeto de enjuiciamiento. A medida que avanza el día verá más casos casi idénticos de demandas estándar firmadas por el mismo abogado en representación del mismo reclamante, demandándose, incluso, varias veces por el mismo contrato de préstamo pues, al tener este varias condiciones particulares, se intenta camuflar la realidad de la unidad del contrato, a efectos de maximizar los procedimientos judiciales y, con ello, los honorarios de los bufetes de abogados que se dedican a esta actividad. La jornada laboral se llena rápida e injustificadamente. Esta situación era así incluso antes de la pandemia pero, a día de hoy ,el sistema judicial se ve colapsado por la indebida y caprichosa proliferación de casos repetitivos, de pleitos en masa, sobre la materia mencionada.
A efectos ejemplificativos, un bufete de abogados, cuyo negocio se basa en esta clase de reclamaciones, y que representa a un cliente que suscribió 44 microcréditos durante un período de cinco años con una empresa de micro préstamos, ha llegado a presentar ni más ni menos que 117 demandas judiciales. De igual modo, por un solo contrato de micro préstamo, que fue objeto de ampliaciones de capital y de plazos de devolución, se han incoado de manera abusiva un total de 16 procedimientos judiciales ordinarios, algunos por sumas nimias de 20 €.
Por esta razón, un sistema diseñado para brindar justicia de forma relativamente rápida a los justiciables, se ve ahora obligado a gastar sus recursos para afrontar la avalancha de demandas de nulidad por usura, retrasándose el dictado de resoluciones judiciales, e impidiéndose impartir justicia a los demás ciudadanos en temas mucho más relevantes para los derechos y libertades de los mismos, todo ello debido a las motivaciones económicas espurias de aquellos bufetes de abogados cuyo negocio se centra en maximizar por todos los medios las costas procesales.
Estos casos dependen de la interpretación de la Ley Azcárate de 1908 y de la aplicación de los tipos medios del Banco de España, tipos medios que el propio Banco de España ha indicado explícitamente que no son aplicables al sector de los micro préstamos, pues las entidades que lo conforman no reportan sus datos a dicho organismo. Algunos jueces son conscientes de las particularidades del sector y desestiman las demandas, mientras que otros aplican, a nuestro entender, de manera errónea, los tipos medios del Banco de España, estimando las pretensiones de los reclamantes.
Otra práctica que consideramos que también es contraria a la buena praxis por parte de ciertos abogados es que, existiendo juzgados que desestiman las demandas de los reclamantes, y conociendo de antemano el criterio de un tribunal, desisten del asunto si su caso se ve repartido al mismo, volviendo a interponer la demanda, con la esperanza de que, esta vez, esta sea repartida a otro Juzgado más favorable para sus intereses.
La estrategia utilizada por estos abogados ante los Juzgados de Primera instancia tiene graves consecuencias, pues la agenda se llena con esta clase de reclamaciones, mientras que otros ciudadanos, que buscan una reparación legal de mayor entidad y complejidad, deben esperar.
Con las agendas de los tribunales repletas, el trabajo de admitir e inadmitir un tan elevado número de demandas supone una carga de trabajo excesiva para el sistema.
De hecho, según el Consejo General del Poder Judicial, en el último trimestre de 2022, los juzgados civiles españoles registraron un 18,4% más de casos que en el mismo periodo de 2021.
Los principales impulsores y culpables de esta litigación masiva son determinados despachos de abogados, que se han convertido en una verdadera fábrica de reclamaciones, especializados en la formulación automatizada y en serie de demandas, que cuentan y se amparan en un sofisticado marketing en las redes sociales, prometiendo compensaciones grandilocuentes a los consumidores de microcréditos, garantizándoles casi al 100% un resultado favorable a sus intereses. No obstante, se les debería recordar que, en cuestiones de derecho, corresponde en última instancia a los jueces decidir sobre el fondo de los asuntos, como una lectura rápida de las recientes Sentencias del Tribunal Supremo demuestra.
Así, entendemos que, siendo este colapso de la Administración de Justicia una cuestión de interés público y de ética profesional, es hora de que los Colegios de Abogados reconozcan la magnitud del problema que tiene su origen en algunos de sus colegiados, los cuales hacen un flaco favor a la profesión, y aborden de manera decidida el comportamiento de aquellos abogados que, bajo veladas promesas, llenan las salas de vistas, aumentando artificiosamente el número de procedimientos, con la única finalidad de incrementar sus honorarios en lugar de buscar y obtener justicia para sus representados.
La parálisis de los tribunales, alimentada por las abusivas prácticas de la industria de las reclamaciones de consumo es ya un verdadero problema para la sociedad española en su conjunto al comportar un incremento artificioso en el número de asuntos a resolver.
Por nuestra parte, se advirtió al Consejo General de la Abogacía de la magnitud del problema y de la situación creada. Sin embargo, éste sugirió que no estaba dentro de sus competencias el abordar el tema, algo que podría sorprender a cualquiera que esté familiarizado con su código ético. Tal vez la sucesión de huelgas en Justifica desencadene que el Consejo tome cartas en el asunto de manera decidida sobre este tema. Los demandantes aún tendrán su ‘día en el juzgado’, pero así quizás los Juzgados también puedan darse el lujo de administrar justicia para algunos ciudadanos más.