Con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebra cada 15 de marzo, la Asociación Española de Micropréstamos (AEMIP) reafirma su compromiso con la transparencia, la información clara y la protección efectiva del usuario en el ámbito del crédito de bajo importe y corta duración.
Esta efeméride se inspira en principios fundamentales -derecho a la información, a la seguridad, a la elección y a la reparación de daños- que, en el caso del microcrédito, se traducen en una idea central: la mejor protección para quien necesita un micropréstamo pasa por información clara y acceso a entidades reguladas, con reglas de juego transparentes y códigos de conducta exigentes.
Alisa Čevere, presidenta de AEMIP, lo resume así:
«La transparencia no es un eslogan para el sector del micropréstamo regulado, es una condición imprescindible: nuestro objetivo es que cualquier persona que acuda a un microcrédito sepa cuánto va a pagar, en qué plazo y cuáles son sus derechos en todo momento. Asimismo, es imprescindible garantizar que los particulares cuentan con la opción de solicitar micropréstamos de manera regulada, ya que esta es la mejor vía para protegerles».
Micropréstamos: productos pequeños, información muy clara
Los micropréstamos ofrecidos por las entidades integradas en AEMIP son créditos de bajo importe y corta duración, orientados a cubrir necesidades puntuales de liquidez como reparaciones, sustitución de bienes básicos o gastos imprevistos. No se trata de financiación estructural a largo plazo, sino de un auténtico “puente de liquidez” que permite a muchas personas afrontar un bache concreto sin caer en la exclusión financiera.
Precisamente por este carácter, AEMIP insiste en que la información previa a la contratación debe ser especialmente clara y comprensible. Las entidades asociadas deben ofrecer condiciones contractuales accesibles y sin letra pequeña confusa, explicar el coste total en euros -más allá de indicadores técnicos como la TAE- y detallar los plazos, la forma de devolución y las obligaciones que asume el contratante.
Además, cuando procede, están obligadas a informar sobre los canales de reclamación y resolución de conflictos, en línea con lo previsto en la normativa de consumo: servicios de atención al cliente, sistemas internos de reclamación y, en su caso, acceso a organismos de consumo y tribunales. La transparencia no termina en el momento de la firma, sino que acompaña a todo el ciclo de vida del préstamo.
Evaluación de solvencia y Código de Buenas Prácticas
La apuesta de AEMIP por la transparencia se extiende también a la forma en que se decide la concesión de un micropréstamo. Todas las entidades asociadas están obligadas a cumplir un Código de Buenas Prácticas, que fija estándares adicionales a los legales. Entre ellos destaca la realización de un análisis previo de solvencia en todos los casos, apoyado en herramientas tecnológicas que permiten examinar distintas fuentes de datos de forma ágil, pero rigurosa.
El Código incluye, asimismo, pautas específicas de actuación con consumidores en situación de dificultad económica, con el fin de evitar que un producto concebido para resolver un imprevisto se convierta en un problema adicional.
Transparencia y regulación: aliados del consumidor
En un momento en el que se está debatiendo la transposición de la nueva Directiva de Crédito al Consumo y el Anteproyecto de Ley de contratos de crédito al consumo, AEMIP reitera su apoyo a una regulación que refuerce los derechos del consumidor: acceso a información clara, elección informada, protección frente a prácticas abusivas y posibilidad real de reclamar y obtener reparación cuando corresponda.
Al mismo tiempo, la asociación defiende que esta regulación sea proporcionada y realista, para no expulsar del mercado al canal regulado que hoy ofrece dichas garantías y empujar a los usuarios hacia operadores informales o no supervisados, donde la transparencia y los derechos del consumidor son mucho más difíciles de asegurar.
Con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, AEMIP reafirma su voluntad de seguir colaborando con las autoridades, los organismos de consumo y el resto de agentes del sector para avanzar hacia un mercado de crédito al consumo más seguro, más transparente y más responsable, en el que el consumidor pueda ejercer plenamente sus derechos y tomar decisiones informadas, siempre dentro de un canal regulado.
