La publicación del manifiesto conjunto entre la Asociación Española de FinTech e InsurTech (AEFI) y la Asociación Española de Micropréstamos (AEMIP) marca un hito importante en el debate sobre la futura regulación del crédito al consumo en España. Ambas organizaciones, que representan distintos eslabones del ecosistema de financiación al consumo y gestión de créditos (incluyendo microcréditos de bajo importe y corta duración, financiación digital y financiación en el punto de venta) han decidido unir sus voces para defender una transposición equilibrada de la nueva Directiva de Crédito al Consumo.
El punto de partida es claro y compartido: reforzar la protección del consumidor sin poner en riesgo la seguridad jurídica, la proporcionalidad regulatoria ni la continuidad de una oferta de crédito responsable y regulada en nuestro país. En un contexto de creciente digitalización de los servicios financieros, AEMIP y AEFI subrayan que la nueva ley debe tener en cuenta la diversidad de modelos de negocio y la realidad operativa de los distintos productos, en lugar de aplicar enfoques uniformes que no distingan entre realidades muy diferentes.
Para AEMIP, esta agenda regulatoria se conecta directamente con el papel que desempeña el micropréstamo regulado en el sistema financiero español. Se trata de un producto de bajo importe y muy corto plazo, utilizado principalmente para cubrir necesidades puntuales de liquidez: pequeñas reparaciones, sustitución de bienes básicos o gastos imprevistos que no admiten demora. En 2024, los miembros de la asociación concedieron cerca de 2,6 millones de micropréstamos por un volumen aproximado de 894 millones de euros, con un importe medio en torno a 346 euros y un plazo medio de uso de 22 días. Entre el 70 % y el 80 % de los clientes amortiza el préstamo de forma anticipada, lo que confirma su carácter contingente y de corto plazo, y refuerza la idea de que no están diseñados para sustituir a la financiación a medio o largo plazo.
Sobre esta base, AEMIP recuerda que el micropréstamo regulado cumple una función social relevante: ofrece una solución supervisada a quienes se enfrentan a un imprevisto y no tienen acceso inmediato a otras vías de financiación formal. El sector está altamente profesionalizado y opera con controles de solvencia y códigos de conducta que suponen una garantía adicional para el consumidor. Esa garantía, advierte la Asociación, desaparece si el marco regulatorio hace inviable el canal regulado y empuja al usuario hacia operadores no supervisados.
El manifiesto conjunto de AEMIP y AEFI identifica cuatro ejes prioritarios para lograr una transposición equilibrada de la Directiva de Crédito al Consumo. En primer lugar, unos límites a la remuneración del crédito diseñados con criterios técnicos que tengan en cuenta el importe, la duración y el nivel de riesgo de cada producto, tanto en el régimen ordinario como en los créditos de mayor coste. AEMIP comparte que el coste del crédito debe ser claro, acotado y entendible, pero insiste en que el problema no es el objetivo, sino el diseño concreto de los límites: si se fijan de forma desajustada a la realidad del microcrédito, pueden hacer inviable el modelo regulado y dejar el terreno abonado a alternativas informales sin control.
En segundo lugar, una protección al consumidor centrada en la calidad y claridad de la información. AEMIP apoya herramientas como la Ficha de Información de Crédito de Alto Coste y defiende que la verdadera protección no pasa por añadir tiempos de espera indiscriminados, sino por garantizar que el cliente recibe información completa y dispone de derechos efectivos de desistimiento y reembolso anticipado. En productos pensados para emergencias, un periodo de reflexión obligatorio y uniforme puede resultar contraproducente: no añade una protección real allí donde ya existen salvaguardas, pero sí puede bloquear el acceso rápido a financiación regulada cuando el tiempo es crítico.
El tercer eje es una evaluación de solvencia proporcionada y adaptada al canal, especialmente relevante en la financiación digital y en el punto de venta. Los asociados de AEMIP realizan en todos los casos un análisis de solvencia apoyado en infraestructura tecnológica que permite examinar distintas fuentes de datos en un plazo corto, combinando consultas a ficheros de crédito, herramientas de open banking y controles antifraude. Esto permite que la agilidad que el consumidor percibe “en minutos” sea compatible con un análisis responsable del riesgo: de media, hay que tener en cuenta que la ratio de aprobación media de empresas de AEMIP de nuevos clientes es de 24.7% (uno de cada cuatro), y el resto se deniegan por no superar estos controles. La agilidad no debe confundirse con ausencia de filtros.
Por último, ambas asociaciones reclaman un régimen de autorización y un periodo transitorio ordenado, que permita la adaptación de las entidades ya operativas sin interrupciones bruscas en la prestación de servicios y con plazos razonables para el cumplimiento de las nuevas obligaciones. Desde la perspectiva de AEMIP, es esencial que la transposición de la Directiva refuerce la seguridad jurídica y no genere incertidumbres que puedan traducirse en retiradas de oferta, reducción de competencia o desplazamiento de la demanda hacia mercados sin supervisión.
El mensaje de fondo que AEMIP traslada a través de este manifiesto es coherente con sus mensajes clave: la Asociación apoya la regulación y comparte plenamente el objetivo de reforzar la protección del consumidor y elevar los estándares del sector, pero advierte de que una sobrerregulación mal calibrada puede ser contraproducente. La experiencia en otros países muestra que la demanda de financiación de emergencia no desaparece por decreto; simplemente se desplaza hacia operadores y mercados no regulados, justo donde el consumidor está menos protegido. El equilibrio, insiste AEMIP, consiste en lograr la máxima protección posible sin bloquear el canal regulado y ágil que hoy ofrece esa protección.
Como resume la presidenta de AEMIP, Alisa Čevere, “la mejor forma de proteger al consumidor no es cerrar la puerta al crédito regulado, sino asegurarnos de que se presta con reglas claras, controles de solvencia reales y precios bien acotados. Nuestro objetivo es que la transposición de la Directiva de Crédito al Consumo permita a España contar con una ley exigente y proporcionada, que prevenga el sobreendeudamiento y, al mismo tiempo, posibilite una oferta de micropréstamos regulados para quienes más los necesitan, evitando que se vean abocados a canales informales o no supervisados”.
Con este posicionamiento conjunto, AEMIP y AEFI reafirman su voluntad de colaborar de forma leal y constructiva con el legislador y las autoridades supervisoras para que la futura regulación combine protección efectiva del consumidor, estabilidad del mercado y prevención de la exclusión financiera, favoreciendo un entorno competitivo, transparente y seguro para todos.